La Ley tiene por objeto ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento.
Los órganos de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales dispondrán de un año más de plazo para adaptarse a las obligaciones contenidas en esta Ley.